01-08-2013  
 
 

Juan Salinas Fernández
Trabajador Social
Magister Políticas Sociales y Gestión Local

Cada cierto tiempo en el año aparecen distintos estudios y evaluaciones, que finalmente se traducen en rankings, relacionados con el cumplimiento de la Ley 20.285/2008 (Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado)  comúnmente llamada “ley de transparencia”.

Como es natural, los efectos que produce la ubicación en un ranking, genera cierta euforia en algunos y decepción en otros tantos. Los últimos se justifican y los primeros vociferan orgullosamente. Sin embargo, no es para tanto ni lo uno ni lo otro.

Dar cumplimiento al Título III de la mencionada Ley, es decir, publicar en las páginas web un conjunto de información disponible en los múltiples órganos del Estado, lo denominado “transparencia activa”, es un paso importante para avanzar en mejorar nuestros estándares de transparencia, lo que no significa necesariamente ser “más transparente” que otros. Para eso, es necesario generar y promover una batería de instrumentos más allá de lo meramente administrativo, se requiere acción política de la ciudadanía (conocimiento, decisión y control de la acción pública en cualquiera de sus niveles).

El año 2012 y 2013, como parte de su misión institucional, el Consejo para la Transparencia (http://www.consejotransparencia.cl/)  creado en virtud de la misma Ley, ha desarrollado fiscalizaciones para medir el nivel de cumplimiento de la normativa en lo referido a la transparencia activa en los municipios de Chile. O dicho de otra manera, chequear si las municipalidades disponen de la información pública que la ley exige en algún sitio o portal web.

La metodología es sencilla y acertada para medir lo que se quiere medir: las municipalidades se separan en cinco grupos equivalentes (tipología SUBDERE – www.subdere.cl ), se selecciona una determinada cantidad y tipo de información, se determina si está o no disponible de acuerdo a la forma, contenido y plazos establecidos. Se comparan entre sí municipios equivalentes. A partir de aquello, se determinan porcentajes de cumplimientos que generan una tabla ordinal.

El enfoque parcial, y no integral, de la institucionalidad estatal para abordar la “transparencia” en la gestión del Estado, reduciéndola a la cuestión meramente administrativa-normativa, puede inducir a engaños que es preciso debatir e incorporar en futuras políticas públicas pro transparencia.

No es presentable ni menos entendible situaciones como las arrojadas en el ranking 2012 elaborado por el consejo para la transparencia, donde algunos municipios ocupaban lugares de avanzada en la tabla siendo que estaban cuestionados por la justicia a raíz de conductas irregulares y síntomas de corrupción como fue el caso de Arica, Hualpen, Colina y Zapallar. La contradicción es evidente y podría interpretarse como los “más transparentes” para el consejo son también bastante oscuros de acuerdo a la evidencia de la justicia. Dicho sesgo es inentendible para el ciudadano.

Por eso, no es recomendable utilizar “un solo instrumento de medición” para determinar condiciones y generalizar en materia de transparencia. Lo sensato sería, a mi juicio, junto con fiscalizar el cumplimiento de la ley en comento, establecer otros indicadores de gestión asociados estrechamente con la transparencia como puede ser los diversos programas de participación ciudadana, los procesos de planificación territorial participativa, el cumplimiento riguroso de la Ley 20.500 de Participación ciudadana en la gestión pública, entre otros. Al respecto, bien vale preguntarse ¿alguien fiscaliza y hace ranking, por ejemplo, sobre la cantidad y calidad de los consejos de la sociedad civil que ley de participación obliga a tener?¿Hay sanciones por su incumplimiento?

Más allá de la capacidad institucional o financiera de una municipalidad, cumplir la obligación de disponer de una página web con la información requerida por la ley es relativamente fácil y barato. Por eso resulta inexcusable que, especialmente municipios importantes e incluso algunos capitales regionales, aparezcan del nivel medio hacia abajo en cuanto a cumplimiento se refiere, peor aún transcurridos varios años desde aparecida la normativa y habiéndose dado múltiples facilidades para su implementación.

“Hecha la Ley, hecha la trampa” es casi un axioma que habitualmente se escucha en las primeras lecciones de derecho, seminarios y charlas. Por este motivo, como ya se dijo, es preciso complementar la normativa con otros instrumentos que fomenten y fuercen acciones de transparencia en los municipios. Y en ese aspecto, nada es más eficiente que la inclusión activa de la ciudadanía en aspectos relevantes de la gestión local. La evidencia empírica, la  experiencia internacional y el sentido común nos muestran el camino: más oportunidades y más capacidades para la participación de la ciudadanía en la gestión municipal. Aunque a muchos no les guste, el control ciudadano directo es el mejor antídoto para la irregularidad.

Incluso el propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, destaca el valor de la participación e inclusión ciudadana como mecanismo eficiente –que se complementa con lo normativo- en la búsqueda de mayor transparencia. Así lo ha expuesto públicamente en algunas actividades.

Transparencia en la Gestión Pública Municipal
A juzgar por diversos trabajos y la experiencia cotidiana de contacto con los usuarios y ciudadanos de servicios municipales, el concepto de “transparencia en la gestión pública municipal” se puede operacionalizar como  “aquel proceso que mejora la confianza ciudadana en las autoridades e institucionalidad local, a través de la disposición y mejoramiento de mecanismos y factores directamente relacionados con:

-Acceso a la información pública,
-Claridad de procedimientos, reglas y responsabilidades,
-Rendición de cuentas y,
-Oportunidades y Capacidades para la participación ciudadana.

Como se observa, y de acuerdo a elementos secundarios de información de la ciudadanía, ésta tiene un concepto amplio cuando a transparencia nos referimos. Es decir, no se circunscribe solamente al cumplimiento de la normativa de acceso a la información pública como muchas veces se puede entender, acorde a los énfasis que algunas miradas le impregnan, especialmente algunos medios de comunicación y actores políticos conservadores y legalistas.

¿Sirve de algo disponer de “avanzadas leyes” si no tenemos una ciudadanía activa que las haga exigible?

Con estupor, hace unos meses atrás, el mismo Consejo para la Transparencia daba a conocer el altísimo nivel de desconocimiento ciudadano de la Ley, situación similar se constata frente a la Ley 20.500 de participación ciudadana, a los instrumentos de gestión comunal e incluso en algunas zonas existe alto desconocimiento de las  autoridades comunales. ¿La ignorancia ciudadana será una razón para desalentar una mayor rigurosidad en estas materias? Las consecuencias de la “desresponsabilización” del Estado, en las múltiples aristas de la vida en sociedad,  son cada vez más notorias, por lo que más que evidenciar los hechos es tiempo de actuar con propuestas claras, sinceras y pertinentes. El diagnóstico está disponible hace rato, ahora se requiere acción.

Junto con preocuparse por su estructura e institucionalidad, el Estado y sus actores –si de verdad le preocupa el avance de la corrupción-  debe velar por la ciudadanía y su formación.

Es necesario insistir: para que una democracia se fortalezca y el sistema social no se corrompa, urge la emergencia de oportunidades y capacidades para actuar en la vida política y social de la sociedad. Lo demás es autoengaño.