17-06-2013  
 
 

Juan Salinas Fernández
Trabajador Social
Magister Políticas Sociales y Gestión Local

Introducción: Antecedentes y Contexto.
En América Latina, el trabajo asociativo asume diversas figuras organizacionales, administrativas y políticas que, en algunos casos, presentan sólidos marcos normativos y larga trayectoria de trabajo conjunto. Sin embargo, la mayor parte de dichas estructuras asociativas en los países de América del Sur, pudieron acceder a obtener personalidad jurídica desde sus inicios. Tal es el caso de la Federación Argentina de Municipios –FAM- creada en virtud de la Ley N° 24.807 del año (23.04.1997) y cuyo rasgo principal es la dotación de personalidad jurídica desde su creación.
Por su parte, la Asociación de Municipalidades del Ecuador –AME-, fue creada como entidad asociativa dotada de personalidad jurídica durante el año 1966 a raíz de la entrada en vigencia de la primera Ley de Régimen Municipal.
En el caso Colombiano, la Federación de Municipalidades de Colombia, fue creada el año 1989 y desde sus inicios goza de personalidad jurídica propia.
En Chile, si bien se ha desarrollado el asociativismo municipal de acuerdo a las limitaciones que presentaba la figura del “convenio asociativo” consignado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOC N° 18.695), que permitía abordar diversos temas de interés territorial en forma conjunta, ésta norma no daba la posibilidad de acceder a personería jurídica a los entes asociativos que surgieron a su alero durante dos décadas.
Sin embargo, la situación descrita se modifica radicalmente a partir de la dictación de la Ley  Nº 20.257 (06 de Septiembre 2011) que permite a las asociaciones de municipalidades en Chile, acceder a personalidad jurídica, lo que modifica radicalmente la forma de funcionar de éstas e implica enormes desafíos para su desarrollo futuro.
Tanto en Chile como en los demás países de la región, los énfasis, fines y objetivos de las asociaciones o federaciones de municipalidades, apuntan hacia sentidos semejantes, los que podemos agrupar en tres grandes dimensiones: Representatividad Política, Prestación de Servicios Múltiples y la Optimización de Recursos. Dentro de cada dimensión podemos ubicar tareas tales como:

  1. Intercambio técnico-tecnológico entre municipios,
  2. Lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos -humanos y financieros- y en la preparación de proyectos comunes,
  3. Facilitar el intercambio de información sobre temas municipales,
  4. Organizar y hacer participar a los municipios asociados en reuniones, seminarios, congresos y otros eventos de similar naturaleza, destinados a analizar las materias de interés municipal.
  5. Generar publicaciones para mantener informados a los municipios en materias de su competencia,
  6. Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica,
  7. Desarrollar y Ejecutar programas de capacitación,
  8. Instalar temas en la agenda pública legislativa.

Desafíos para la Asociación Chilena de Municipalidades bajo el nuevo entramado institucional
El año 2011 quedará en la memoria del asociativismo municipal chileno puesto que durante este periodo se promulgó la norma jurídica que les permite obtener personalidad jurídica a las asociaciones de municipalidades y actuar con autonomía e independencia de un “municipio administrador” como era el caso hasta la fecha.
En efecto, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, permitía la asociación entre comunas a través de la figura de “convenios asociativos”, bajo la administración de uno de los municipios  firmantes del convenio (el del Presidente era la norma), quien debía ceñirse a los mecanismos regulares municipales para la gestión y administración de recursos, con todo lo que ello suponía e implicaba para el funcionamiento de la “asociación de municipios” vía convenio asociativo.
Con la nueva norma, que no elimina el modelo del “convenio asociativo”, ahora se tiene la posibilidad de acceder a personalidad jurídica para un grupo de municipios que quieran asociarse entre ellos.
Quienes opten por esta vía, están dando un importante paso para avanzar e intentar cumplir con los supuestos elementales del asociativismo municipal; mejorar la gestión y administración de los recursos, lograr mayores grados de efectividad del gasto y rendimiento de los recursos, posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento innovadoras, en fin, muchos atributos asociados al trabajo mancomunado de las municipalidades a lo largo del país.
Sin embargo, la sola dictación de leyes, y la declaración de buenas intenciones, no es suficiente para el desarrollo y consolidación de las asociaciones municipales.
La normativa debe entenderse como un marco de acción, pero requiere para su implementación, funcionamiento y sostenibilidad, que se conjuguen diversos factores tanto técnicos, administrativos y políticos, tanto de la propia institución como de sus miembros asociados. Y allí radican los desafíos para los actores del asociativismo municipal: Generar confianzas entre los asociados, Planificación del trabajo, Responsabilidad financiera, Profesionalización de los RRHH, Comunicación expedita, etc.
Se requiere un cúmulo de condiciones previas –que con el paso del tiempo se harán más patentes-  para que estos procesos funcionen adecuadamente y puedan desplegar todo su inmenso potencial como entes articuladores y ejecutores de políticas públicas desde una perspectiva territorial, más allá de los límites administrativos-jurisdiccionales de las comunas y, que en muchos casos, se constituyen en barreras legales que tienden a “achicar” la mirada del desarrollo, circunscribiéndolo a lo meramente comunal. El camino del asociativismo municipal es muy promisorio y desafiante, sin embargo, requiere dedicación, trabajo, perspectiva y unidad.