21-07-2014  

 

Una vez publicado en el Diario Oficial, el reglamento correspondiente, quedarán doce meses para quela Ley N° 20.730, que regula la publicidad en la actividad de lobby, comience a implementarse en la administración comunal. Esta norma tendrá carácter obligatorio para los alcaldes, concejales, directores de obra y secretarios municipales, en su calidad de sujetos pasivos, tal como lo establece su artículo 4°.

A modo general, la ley en cuestión regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en relación con los órganos del Estado.


Las municipalidades tendrán la responsabilidad de informar a la comunidad sobre las reuniones, los viajes y donativos de los sujetos pasivos, y para ello deberán que incorporar en su sitio web registros de agenda pública y un registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares.
En los registros de agenda pública, los municipios deberán consignar:

  1. Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares.
  2. Los viajes realizados por los alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales. Señalando el destino del viaje, su objeto, el costo y quien lo financió.
  3. Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación.

El registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares será administrado por los propios municipios, y podrá ingresarse en él inscribiéndose en forma previa, o automáticamente cuando se efectúen el lobby o gestiones de intereses particulares.


La información en los registros de agenda pública debe estar disponible para la comunidad, y será actualizado al menos una vez al mes.


En relación con las audiencias y reuniones, los sujetos pasivos deberán mantener igualdad  respecto de las personas, organizaciones y entidades que las solicitan sobre una misma materia.


En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la norma, será de responsabilidad  la Contraloría General de la República, entidad que podrá aplicar sanciones a los alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales por infracción a las normas de la ley que regula el lobby.


La sanción aplicada por la Contraloría debe ser difundida a la comunidad y será incluida en la cuenta pública del alcalde.


La reincidencia dentro del plazo de un año entre una infracción y otra, será considerada falta grave a la probidad.


Esto es en cuanto a lo formal.
¿Pero qué realmentepretende esta norma?

  1. Regular la influencia de las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los alcaldes, concejales, secretarios municipales y directores de obras municipales. 

Para ello:
En primer lugar, reconoce que los actores llamados lobbistas o gestores de intereses particulares tendrán el derecho de promover, defender o representar cualquier interés particular ante los órganos públicos, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos.


La ley la define “interés particular” como cualquier propósito o beneficio, sea o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada. Es decir, no todo está enfocado en intereses económicos, sino también otro tipo de intereses, entre los cuales podemos encontrar incluso los así llamados “temas valóricos”.


En segundo lugar,la ley precisacuáles decisiones de competencia de los sujetos pasivos pueden ser objeto de lobby o de gestión de interés particular. Entre ellas se encuentra el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas, efectuada por las autoridades y los funcionarios.Ejemplo concreto sería el plan regulador comunal o el plan comunal de desarrollo.


Para ejercer estos derechos, los interesados tendrán que solicitar reuniones con los sujetos pasivos. Estos encuentros, desde luego, son carácter público, ya que deben ser informados a la comunidad mediante el registro de agenda pública.


En relación con lo mismo, el legislador manifestó lo siguiente:“…todos ellos tienen derecho a que sus puntos de vista sean escuchados y tomados en cuenta en los procesos deliberativos. Las autoridades deben, por lo mismo, oírlos. Pero deben hacerlo siguiendo tres principios muy relevantes. Primero, que todos los afectados cuenten con igual oportunidad para dar a conocer sus opiniones.

Segundo, que la autoridad, luego de sopesar todos los intereses en juego, decida de un modo justificado estrictamente en lo que aprecia como el bien común de la sociedad. Y tercero, la transparencia en estas actividades también contribuye a que las autoridades competentes puedan adoptar mejor las decisiones correspondientes, ya que cuentan con mayor información, más completa y de todas las partes interesadas, contribuyendo también, de esta manera, a un mejor y eficiente ejercicio de la función pública.

De ese modo, el proceso de adopción de las decisiones públicas se hará más transparente.

Malik Mograby
Abogado
Asociación Chilena de Municipalidades