24-09-2013  
 
 

Felipe Delpin
Presidente Comisión de Salud AChM

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y en Chile se ubica en el segundo lugar, levemente detrás de las enfermedades cardiovasculares. Se estima que en nuestro país, el año 2008 fallecieron 22 mil personas como consecuencia de algún tipo de cáncer.

De acuerdo a un estudio sobre “Tendencias de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por cáncer en Chile 2000-2010”, realizado por un equipo de especialistas del Foro Nacional de Cáncer y de la Pontificia Universidad Católica, revela que, en la última década, la incidencia por muertes por cáncer es mayor en las personas de menores recursos.

Por ejemplo, los hombres de menos recursos fallecen hasta 10 veces más que los chilenos que cuentan con estudios superiores, según cifras del 2010. En el caso de las mujeres, el año 2000 la mortalidad de las personas sin educación fue 10 veces mayor que en el grupo con educación superior.

Tras lo anterior, se desprende que lamentablemente las familias vulnerables -no sólo- deben lidiar con el dolor tras la pérdida de un familiar, sino que además con el alto costo económico que significa el tratamiento y en algunos casos la hospitalización. Cifras que en algunos casos es imposible solventar pese a rifas, completadas, eventos y un sinnúmero de actividades que se realizan para paliar en parte el costo de la enfermedad.

Por eso la importancia de contar con políticas públicas sanitaria para enfermedades tan duras como el cáncer. La idea es que en Chile, se incorporen progresivamente más condiciones relacionadas a este problema dentro del Plan de Garantías Explícitas en Salud, porque pese a que en la actualidad 17 de las 80 enfermedades Auge, incluidas en la canasta, corresponden a patologías relacionadas al cáncer, éstas aún no son suficientes.

Lamentablemente, el viernes 20 de septiembre, fuimos testigos de la muerte del periodista Ricarte Soto, el que batalló hasta el final por un Fondo Nacional de Medicamentos, lucha que debemos reconocer, pero no puede inhibir implementar políticas de Salud de largo alcance. Los enfermos terminales necesitan morir con dignidad, que su dolor sea paliado por medicamentos que en la actualidad son altamente costosos.

Los consultorios públicos necesitan contar con recursos para atender a sus pacientes con enfermedades catastróficas y es deber del Estado otorgarlos como un derecho básico e inalienable.

Además, estamos conscientes que prevenir es mejor que curar, y por eso creemos también que es necesario que en el sistema de salud pública se entreguen herramientas para sensibilizar a la población para que se realicen oportunamente exámenes para hacer un diagnóstico precoz.

Por último, si bien, la posible creación de un Fondo Nacional de Medicamentos creará más de alguna polémica con respecto a si fortalecerá o no al sistema de salud privado, es necesario estudiar una real reforma en la salud pública, porque los enfermos terminales no pueden esperar y ni siquiera muchos de ellos pueden salir a luchar y exigir uno de los derechos tan fundamentales como VIVIR DIGNAMENTE.