La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) participó en la entrega de resultados del proceso participativo impulsado para reformular y fortalecer el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, normativa que busca consagrar el rol preventivo de los municipios, entregar certeza jurídica al actuar de los inspectores de seguridad y establecer protocolos claros de actuación, coordinación y protección.
La actividad fue encabezada por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; el vicepresidente de la ACHM y alcalde de San Ramón, Gustavo Toro; la vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme; el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, José Manuel Palacios; y el alcalde de Paine y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Rodrigo Contreras.
El proceso contempló más de un mes de gestiones, reuniones de coordinación y trabajo técnico con alcaldes, alcaldesas y equipos municipales. En total, participaron 218 gobiernos locales agrupados en las principales asociaciones municipales del país, con el objetivo de recoger observaciones, experiencias y propuestas desde los territorios para contar con un reglamento más claro, aplicable y ajustado a las distintas realidades comunales.
Desde la ACHM se valoró el espacio de trabajo conjunto, especialmente por la posibilidad de incorporar la mirada municipal en una normativa que tendrá impacto directo en la labor preventiva que realizan los equipos de seguridad en el espacio público.
En esa línea, la vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que “agradecemos esta oportunidad que nos ha dado el Gobierno para ser parte de este proceso y aportar al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, porque refleja la realidad que administramos los municipios de Chile, desde los más pequeños hasta los más grandes. Para nosotros es muy importante que la voz de los municipios esté presente en este reglamento, porque viene a robustecer la función que cumplimos en materia de seguridad. Queremos que, cuando se ponga en marcha la ley y su reglamento, este trabajo represente a la gran mayoría de los municipios del país, porque el municipalismo es uno solo».
Durante el proceso de trabajo se acordó avanzar en distintos ejes para el reingreso de un reglamento fortalecido, incorporando ajustes en materias como formación de inspectores, capacitación, protocolos de actuación, uso de elementos defensivos, protección de datos y herramientas tecnológicas para apoyar la gestión municipal en seguridad.
Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de una implementación gradual de la Ley, considerando las brechas de financiamiento, dotación, infraestructura tecnológica y capacidades institucionales que existen entre municipios urbanos y rurales. Asimismo, se definió fortalecer el acompañamiento técnico del nivel central, mediante orientaciones y apoyo a los municipios durante la puesta en marcha del reglamento.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, destacó que “la seguridad pública se construye mejor cuando el Estado escucha, coordina y actúa con responsabilidad con las distintas realidades territoriales. La Ley de Seguridad Municipal fortalece el rol preventivo, regula y profesionaliza el trabajo de los inspectores, y establece formas de coordinación con Carabineros y otras instituciones del Estado».
Otro de los acuerdos apunta a desarrollar un modelo de capacitación articulado entre las asociaciones municipales y Carabineros de Chile, con el propósito de asegurar calidad, cobertura y criterios comunes en la formación de inspectores de seguridad municipal a nivel nacional.
La Ley de Seguridad Municipal busca otorgar certeza jurídica a los municipios respecto de la labor de los inspectores de seguridad en el espacio público, mediante un marco normativo que establezca protocolos de actuación, mecanismos de registro y trazabilidad, acceso a información, uso de herramientas tecnológicas y defensivas, además de medidas de protección para los funcionarios, incluyendo agravantes penales en caso de agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones.
