El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, participó en el seminario “Lo que la inteligencia artificial decide sobre nosotros”, organizado por la Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) en la Contraloría General de la República.
La instancia reunió a autoridades y especialistas para abordar el uso de algoritmos en las instituciones públicas, los riesgos asociados a decisiones automatizadas y la necesidad de avanzar en mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas. La jornada contó además con la participación de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y del presidente de la Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) y exministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Desde la mirada municipal, el alcalde Gustavo Alessandri destacó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la gestión local: “Tenemos que aprender a convivir con ella y también ocuparla para prestar un mejor servicio, tener mejores funcionarios municipales y que el resultado final sea óptimo”, relevando además la importancia de capacitar a los equipos municipales para incorporar estas herramientas de manera adecuada.
Por su parte, José Antonio Gómez, presidente de la RIEA, advirtió sobre la necesidad de transparentar los sistemas utilizados por el Estado: “Se puede rechazar un subsidio, por ejemplo, y no hay a quién reclamar cuando lo toma una inteligencia artificial”, señalando que este debate debe permitir avanzar hacia un uso de estas tecnologías que entregue mayores garantías a la ciudadanía.
Uno de los principales hitos fue la presentación del Registro Verificador de Algoritmos Públicos, iniciativa desarrollada junto a la Contraloría, CENIA y la Universidad Adolfo Ibáñez. La directora ejecutiva de la RIEA, Carolina Álvarez, explicó que estos sistemas pueden reproducir sesgos a partir de los datos y parámetros utilizados: “Esos parámetros no muchas veces son justos. La verdad es que la mayoría de las veces tienen sesgos”.
El encuentro permitió abordar los desafíos que plantea la incorporación de inteligencia artificial en el Estado y la necesidad de avanzar en herramientas que permitan conocer, evaluar y supervisar su funcionamiento, resguardando que su aplicación contribuya efectivamente a mejorar los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.
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