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ACHM pide fiscal especial para investigar amenazas contra autoridades municipales

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El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) solicitó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, impulsar la designación de un fiscal especial para investigar las amenazas contra alcaldes y autoridades municipales del país.

La petición fue planteada durante una reunión encabezada por el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, a raíz de los últimos hechos que han afectado a autoridades locales y, especialmente, del caso del alcalde de San Bernardo, Christopher White, tras conocerse antecedentes sobre un presunto plan para atentar contra su vida.

Durante el encuentro, la ACHM y el Ministerio de Seguridad Pública acordaron además conformar una mesa de trabajo con un plazo máximo de 30 días, orientada a generar propuestas para fortalecer la protección de alcaldes y autoridades municipales y mejorar la coordinación frente al crimen organizado.

El ministro Martín Arrau destacó la necesidad de avanzar en respuestas concretas: “La respuesta del Estado debe ser sólida y contundente. Por eso decidimos conformar una mesa de trabajo para llegar a propuestas concretas en un plazo no mayor a 30 días”.

Por su parte, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo que “no estamos solamente frente a una amenaza contra un alcalde, sino frente a una amenaza al Estado de Derecho. Por eso hemos pedido impulsar un fiscal de dedicación exclusiva para investigar las amenazas contra autoridades elegidas democráticamente”.

La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, reafirmó la decisión de los municipios de continuar desarrollando su labor pese a las amenazas: “Nuestra convicción no la vamos a perder. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque cuando se amenaza a una autoridad elegida democráticamente también está en juego la democracia”.

La mesa incorporará la experiencia y antecedentes que manejan los municipios desde sus territorios, con el objetivo de avanzar en medidas frente al narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato, y reforzar la protección de quienes ejercen funciones públicas a nivel local.

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