A un mes y medio de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González (73), alcaldes y concejales de distintas regiones del país se reunieron este lunes en Santiago para exigir al Gobierno mayor urgencia y compromiso en la búsqueda de la autoridad comunal.
La marcha fue convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), junto a la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ante la preocupación por la falta de avances y de hipótesis claras sobre el paradero de la concejala.
“Si el Estado no tiene la capacidad de encontrar a una autoridad democráticamente electa ¿Qué pueden esperar los ciudadanos comunes?”, cuestionaron los representantes de las asociaciones en una carta entregada al Presidente Gabriel Boric. En el documento, firmado por los presidentes de la ACHM, AMUCH y AMUR, se advierte que la falta de liderazgo político en este caso amenaza la credibilidad de las instituciones y del Estado de Derecho.
El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “el Gobierno no puede seguir actuando con hermetismo. Es momento de que el Presidente asuma públicamente el liderazgo que esta situación exige y se comprometa con una búsqueda masiva, con todos los recursos disponibles”.
Por su parte, Javiera Gallegos, hija de la concejala desaparecida, expresó que “estamos con nuevo fiscal, pero sin certezas de poder encontrarla. Necesitamos seguir gritando y no puede ser que en plena democracia desaparezca una autoridad sin rastro, es insólito”.
La concejala María Ignacia González desapareció el pasado 15 de junio, y pese a las diligencias realizadas por el Ministerio Público y las policías, no se han registrado avances significativos.
Desde las asociaciones recalcaron que, sin restar importancia a ninguna desaparición, este caso reviste una gravedad institucional mayor, por tratarse de una representante electa en ejercicio.
La marcha de este lunes buscó visibilizar la causa de María Ignacia González y, a la vez, alertar sobre la necesidad de proteger a quienes ejercen funciones públicas y fortalecer el compromiso del Estado con la justicia y la democracia.
