El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, junto a los alcaldes de Papudo, Colina, Padre Hurtado, Isla de Maipo, El Monte, María Pinto, La Reina y Teodoro Schmidt, entregaron una carta al Presidente de la República, a nombre de todo el municipalismo, solicitando que el Ejecutivo asuma un rol más activo en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en discusión en el Senado.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente al aumento sostenido de la delincuencia, dotando a los municipios de mayores atribuciones, recursos y herramientas de prevención. Sin embargo, desde la ACHM advirtieron que la demora en su aprobación está dejando a las comunas sin medios efectivos para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a las comunidades en todo el país.
“Hoy día le venimos a entregar al Presidente de la República una carta por la Ley de Seguridad Municipal, porque no podemos seguir esperando. Lo que estamos pidiendo es que esta ley cuente con financiamiento, establezca plazos claros para implementar las nuevas facultades y garantice protección para quienes trabajan en terreno. No podemos seguir exponiendo a nuestros funcionarios”, señaló Alessandri.
El alcalde de Zapallar y líder de la Asociación agregó que los municipios están comprometidos con la seguridad, pero que “como jefes superiores de servicio no nos vamos a arriesgar a que nuestros equipos lleguen antes que Carabineros o la Policía de Investigaciones a un delito sin contar con medios para protegerse”.
Finalmente, Alessandri hizo un llamado al Gobierno a ejercer liderazgo y acelerar la tramitación del proyecto: “De la persona que es el jefe superior de servicio de La Moneda depende de qué tan rápido avance esta ley. No podemos esperar seis, ocho o diez meses más cuando estamos viviendo la crisis más profunda de seguridad en nuestro país”.
Con esta acción, la ACHM y los alcaldes reafirman su compromiso con el fortalecimiento del rol municipal en materia de seguridad pública, insistiendo en que la protección de los vecinos debe estar en el centro de las prioridades del Estado.
